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Inequidad: el principal reto de Peña Nieto


A continuación transcribo mi columna de opinión para la revista mexicana Monitor Nacional.

La administración que comandará el presidente electo de México Enrique Peña Nieto ha de afrontar retos de gran envergadura en el próximo sexenio: violencia e inseguridad, universalización de la sanidad, profundización de la calidad democrática, apertura controlada a la inversión extranjera en sectores estratégicos, etcétera. En mi opinión, sin embargo, por encima de todos ellos sobresale uno que, de ser enfrentado adecuada y eficazmente, tendría un efecto muy positivo para el conjunto de la sociedad mexicana y conllevaría la resolución en cadena de otros retos y problemas relacionados: se trata de la inequidad social.
La estratificación y la desigualdad social son elementos universales que han caracterizado a todas las sociedades conocidas. Es sobre todo a partir de las Revoluciones Francesa de finales del siglo XVIII y Rusa de principios del siglo XX, inspiradas respectivamente por los ideales ilustrados y socialistas-comunistas, que la desigualdad comienza a ser conceptuada como el producto de unas relaciones sociales y económicas injustas. En definitiva, deja de ser vista como algo natural para ser entendida como el producto perverso de la acción humana. La idea de que no es posible la existencia de una sociedad justa o democrática sin un grado mínimo de igualdad comienza a tomar forma.
La mayoría de los países occidentales han plantado cara a la desigualdad con la aplicación de políticas socialdemócratas desde el final de la II Guerra Mundial, casi independientemente del color del partido gobernante. Esta situación comienza a mudar en la década de 1980 con la irrupción de las políticas neoliberales de la mano de Thatcher en Reino Unido y Reagan en EUA, y pasa por distintas fases de lucha entre ambos idearios. En los últimos años, la grave crisis económica está revirtiendo el éxito relativo que se había conseguido en la segunda mitad del siglo pasado. A pesar de ello, todavía son sociedades caracterizadas por un importante grado de igualdad en la redistribución de los recursos y basadas (al menos desde el punto de vista teórico) en el principio del aseguramiento de la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, en México la situación ha sido y es muy diferente: se trata de una sociedad fuertemente desigual, tanto históricamente como en la actualidad. El país ha estado al margen del proceso descrito y los datos estadísticos así lo atestiguan. Analicemos, por ejemplo, el coeficiente de Gini, un indicador usado universalmente para medir la desigualdad en los ingresos de un país determinado y que oscila entre cero (perfecta igualdad) y uno (perfecta desigualdad). Según datos de la OCDE, en México este coeficiente era de 0,4523 en el año 1984. Durante la siguiente década aumentó sensiblemente hasta situarse en 0,5186 en 1994, lo que hizo de México el país más desigual de la OCDE junto con Chile (0,5185). En ese año, el gran vecino del norte, país caracterizado también por su inequidad, ofrecía un índice de 0,3656. A partir de esa fecha, México consiguió disminuir progresivamente este coeficiente hasta situarse en el 0,4755 en 2008, último año del que existen datos. A pesar de ello, todavía está por encima de los niveles de desigualdad en los ingresos de 1984.
En definitiva, y a pesar de la buena evolución relativa desde mediados de la década de 1990, el coeficiente de Gini sigue siendo muy alto (sólo superado ligeramente por Chile entre los países de la OCDE). Es imperativo que la nueva administración emprenda las políticas necesarias para combatir la inequidad. Entre ellas, considero que tres son esenciales. En primer lugar, la reforma del sistema educativo para garantizar una educación pública, universal y de calidad. En segundo lugar, es preciso emprender una reforma fiscal para modernizar el sistema sobre las bases de su universalización (que todo el mundo por encima de un nivel de rentas pague) y la progresividad (que paguen más quienes más tienen), reforma necesaria para una efectiva redistribución de la riqueza. En tercer lugar, es necesario garantizar un nivel de ingresos mínimo para todos, comenzando por el establecimiento de un sistema universal de pensiones por jubilación, lo que ha de implicar también una reforma para instaurar un sistema universal de Seguridad Social.
La búsqueda de la igualdad es una cuestión de justicia social. Al hacerlo, se está luchando contra las causas que generan pobreza y exclusión social, y que condenan a amplias capas de la población a buscarse la vida al margen del sistema, con los graves problemas sociales por todos conocidos que ello acarrea.

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